Mucho se ha hablado de la necesidad de “humanizar” la política en nuestro país, esto entendido como el respeto mutuo a la divergencia. Sin embargo, algunas de las manifestaciones contrarias a esa “humanización” es la recurrencia de una antigua conducta. Se trata de la provocación como arma política que ahora se está haciendo cada vez más frecuente. No es que se pongan en evidencia verdades que pueden lastimar al adversario, sino de frecuentes torpezas y acusaciones sin respaldo alguno.
La recurrencia en la provocación, cuando ya es conducta general en un grupo o partido, muestra que no hay intención de establecer consensos. En cambio, se advierte el denodado esfuerzo, con amenazas incluidas, para subordinar todo al oficialismo. No es que se trate simplemente de diferencias de opinión o de propuestas, sino que son actitudes de intolerancia que deforman la vida democrática.
Habrá que mencionar que la democracia se sustenta en la diversidad de propuestas y en la respetuosa confrontación de ideas disímiles. Pero si para prevalecer se usa la provocación y la estridente injuria, no se favorece la armonía ciudadana. Tampoco se promueve el debate de altura del que debe resultar el consenso. Parece, en cambio, que la confrontación se la quiere llevar a extremos, incluyendo el escenario de la violencia callejera, en un estado de irritación peligrosa y constante.
Ya en la oposición, la agrupación ahora gobernante inició esta lamentable práctica, especialmente acusando de todos los males que nos aquejan a la embajada de un país amigo. Y en el gobierno, la ofensiva provocadora oficialista se acrecentó y es de amplio espectro, tanto interna como internacionalmente.
Algunos ejemplos poco edificantes: La propuesta de establecer un régimen de autonomías dio lugar al disparate de que se trata del afán de dividir al país, como designio de la oligarquía cruceña. Posiblemente existan argumentos que podrían sustentar una tesis contraria a la propuesta autonomista; pero, en este caso, como en otros, se prefirió la estridencia, la acusación y el agravio.
Otro: Las arremetidas contra los prefectos departamentales, con la intención de extender el control oficial a los gobiernos departamentales. No solamente se usaron ofensivos epítetos (“sindicato de prefectos”), sino que se pretendió establecer censores del oficialismo a las labores prefecturales.
Un caso más: El Ministro de Educación tiene el dudoso mérito de haber logrado el récord de provocaciones, es decir contra la Iglesia Católica, los maestros, los estudiantes, etc.
No estuvo ajeno el agravio, cuando un ministro de Estado injuria al ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé que, son remarcable dignidad, está en la tarea de defenderse de una acusación incomprensible.
Finalmente, aunque no se agota la lista: la “tarea vigilante” de los sectores sociales (no se sabe cuáles, ni cómo se mantendrán por meses en esta vigilancia, ni quiénes los financiarán) a los miembros electos de la Asamblea Constituyente. El amedrentamiento, es notoriamente ilegal y antidemocrático. Pensar que el oficialismo estuvo entre los que promovieron esta Asamblea para “¡diseñar el país que queremos”!
*Marcelo Ostria es abogado y diplomático.
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